Necropolítica: violencia anti-negra en tiempos pre-electorales.
- Mauri Balanta Jaramillo
- 11 jun
- 3 Min. de lectura
Una reciente ola de violencia sacude al suroccidente de Colombia, haciendo de los territorios afrodescendientes su principal blanco. Durante la mañana del 10 de junio ocurrieron 14 hechos violentos en 4 municipios del Valle y 8 del Cauca, entre los que se cuentan 5 explosiones en estaciones de policía y plazas públicas. Estos acontecimientos reflejan un patrón criminal: la amonestación de las élites políticas hacia los pueblos que se niegan a seguir sometidos al esquema normativo de la dominación blanca.
Por tal razón, no es casualidad que la idea de “caos social” promovida por los partidos de derecha en plena carrera por recuperar el mando del Estado, se concentre en lugares que han apostado a la construcción de nuevas gobernanzas y autonomías políticas para superar la política guerrerista que antecedió al primer y actual gobierno progresista del país.
En este contexto, el concepto de Necropolítica acuñado por Achille Mbembe, expone las formas institucionales con que se producen y administran las condiciones de muerte en sectores marginalizados. Espacialidades como el Oriente de Cali (el segundo enclave urbano afrodescendiente más grande de América Latina y donde ocurrieron 4 de los atentados) se han convertido en laboratorios de experimentación militar para una seguridad democrática basada en la aniquilación de cuerpos racializados y empobrecidos. Incluso atacar sus estaciones de policía, responde a que muchos uniformados provienen de estas mismas áreas, por lo que pueden sacrificarse en nombre de la “gente de bien”, asumida desde esa blanquitud que habita sectores privilegiados y que, en pleno ejercicio de su ciudadanía, refuerza la división racial de las ciudades.
En esta nueva pugna por el poder en Colombia, las vidas negras vuelven a ser las más expuestas al señalamiento, el patrullaje y la eliminación. La violencia partidista es auspiciada por una institucionalidad profundamente anti-negra que está dispuesta a desplegar todo tipo de medidas coercitivas con tal de frenar la autodeterminación política que se viene gestando en regiones como el Pacífico y el Caribe para impulsar la justicia racial, de género y ambiental. La derecha colombiana busca su alineación con la avanzada conservadora global en las elecciones del 2026, sembrando el miedo en la sociedad civil para desmantelar un gobierno que ha priorizado el bienestar social sobre los intereses corporativos. Por eso, la desolación que el 10 de junio dejó en Cali, Buenaventura, Corinto y El Bordo, puede tomarse como el cobro de una deuda electoral que determinó la victoria de Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina en los comicios de 2022.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el partido de ultraderecha “Centro Democrático”, busca la continuidad de un gobierno que nunca le apostó a la Paz. Por el contrario, hace de la guerra su principal mecanismo para exterminar todo proyecto de justicia social gestado desde las bases. En estos momentos donde se pavimenta el retorno al poder del Uribismo, resulta imperativo recordar las 2070 víctimas de falsos positivos bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en su mayoría jóvenes afrodescendientes, indígenas y campesinos. Mientras mueve las fichas de su partido para las elecciones de 2026 y hasta exige protección del gobierno frente a un posible atentado en su contra, el ahora senador Uribe Vélez continúa esquivando a la Ley por delitos de soborno, fraude procesal y nexos con paramilitares.
El orden público que tanto reclaman los opositores del presidente Petro en sus aspiraciones políticas, bien puede contrastarse con su indolencia frente a las 313 masacres y los 1218 asesinatos a líderes sociales y firmantes del Acuerdo Paz durante el mandato del expresidente Iván Duque Márquez. Por lo tanto, lo acontecido el 10 de junio confirma que la seguridad democrática es una política forjada en la normalización del sufrimiento, la criminalización y la muerte de la gente negra.
Frente a la incertidumbre que todo esto puede causar en la sociedad civil, lo claro es que un retorno de la derecha al poder será una nueva postergación para la justicia social y un reforzamiento en la secundarización de la ciudadanía para la población afrodescendiente. Ahora, más que nunca, debemos fortalecer la radicalidad del cuidado, el diálogo horizontal y la solidaridad dentro de nuestras organizaciones y tejidos comunitarios como la respuesta más contundente a esa seguridad democrática que existe para robarnos la esperanza, la libertad y la dignidad.
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