En un encendido discurso, el dirigente sindical Saul Mendes denunció lo que considera una manipulación sistemática de la justicia panameña en perjuicio de los trabajadores organizados, en particular el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Mendes sostiene que existe una persecución política clara, manifestada en la judicialización de la protesta social y el bloqueo financiero de la organización sindical.
La crisis social en Panamá ha alcanzado un punto álgido con las protestas contra la reforma del Seguro Social. Miles de trabajadores y ciudadanos salieron a las calles para manifestar su rechazo a los cambios en la Caja del Seguro Social (CSS), denunciando que estas modificaciones afectarán gravemente a la clase trabajadora. Sin embargo, lo que comenzó como una protesta pacífica se convirtió rápidamente en un escenario de brutal represión por parte de la Policía Nacional, generando indignación y una escalada de tensiones en el país.
Según Mendes, la jueza encargada del caso ha rechazado todas las acciones legales que permitirían un juicio justo, lo que refuerza la percepción de que el poder judicial está operando en contra de los trabajadores y de Suntracs en particular. La reciente imputación de cargos a 83 obreros de la construcción, quienes podrían enfrentar hasta 24 años de cárcel, es interpretada por el sindicato como un intento de desmovilización y amedrentamiento.
Mendes denuncia que el Ministerio Público ha sido instrumentalizado para ejecutar una ofensiva legal en contra de Suntracs, lo que demuestra una intención de criminalizar la lucha sindical. "Van a tener que matarnos a todos", advierte, al recalcar que la lucha por los derechos laborales y la defensa de la seguridad social continuará a pesar de la represión.
Además de la represión contra los trabajadores, el gobierno de Mulino ha intensificado la persecución contra estudiantes universitarios y dirigentes sociales. Ileana Corea, organizadora de Juventudes Revolucionarias, ha denunciado que la Policía Nacional ha llevado a cabo allanamientos simultáneos en siete casas como parte de la denominada "Operación Ratón", con el fin de perfilar y criminalizar a los manifestantes.
“Nos están persiguiendo, hostigando y perfilando a nuestros familiares. Lo que hoy vivimos en Panamá es una reinstalación del miedo como política estatal”, afirmó Corea. Durante los allanamientos, agentes de la policía humillaron y violentaron a madres de familia, obligando a una de ellas a bañarse frente a los oficiales en un acto de degradación y abuso de poder.
Corea destacó que esta persecución política recuerda los excesos de poder vividos en la década de 1980, cuando la dictadura utilizaba la represión como mecanismo de control. La criminalización de los estudiantes y luchadores sociales es un claro intento de desmovilización por parte del gobierno.
Un elemento clave de esta persecución es el bloqueo financiero impuesto a Suntracs. Mendes denuncia que el Banco Nacional ha cerrado las cuentas del sindicato, una medida que se suma a la anterior clausura de cuentas en la Caja de Ahorros. Esta acción no tiene precedentes en la historia reciente del país y, según Mendes, ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a tomar una medida de tal magnitud.
El cierre de cuentas bancarias pone en riesgo el financiamiento de las actividades del sindicato y afecta directamente a sus afiliados, ya que Suntracs se sostiene exclusivamente con las cuotas aportadas por sus miembros. La decisión del gobierno de permitir estas acciones bancarias refleja, según Mendes, una estrategia deliberada para debilitar al sindicato y reducir su influencia en las negociaciones laborales y políticas.
Mendes ha denunciado que, tras las protestas, el Ministerio Público realizó un allanamiento ilegal muchas horas después de los hechos con el fin de fabricar expedientes y mantener falsas imputaciones contra los manifestantes. Según el dirigente, esta acción forma parte de un proceso torcido dirigido por el ministro Mulino, quien habría instrumentalizado a la justicia panameña para perseguir a Suntracs y sus miembros.
Además, se han documentado casos de tortura y malos tratos a los detenidos. Veinte personas fueron golpeadas y esposadas, y la jueza de garantías impidió que fueran evaluadas por medicina forense. Dentro de los 83 procesados, se encuentran trabajadoras de la construcción y administrativas que fueron amenazadas de violencia sexual por agentes de la Policía Nacional. Otros detenidos han denunciado haber sido disparados en brazos y piernas aun cuando estaban esposados y arrodillados.
Dada la gravedad de la situación, Suntracs ha elevado su caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga de promover la justicia social y los derechos laborales a nivel mundial. Fue fundada en 1919 y tiene como misión establecer normas internacionales del trabajo, fomentar oportunidades de empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.
La OIT cuenta con mecanismos de supervisión para garantizar que los países miembros cumplan con sus compromisos en materia de derechos laborales. Suntracs ha presentado quejas ante este organismo con el fin de denunciar la violación de derechos fundamentales en Panamá, esperando generar presión internacional sobre el gobierno para que cese la represión y respete los derechos sindicales.
El caso de Suntracs refleja un conflicto de gran envergadura en Panamá, donde el uso del poder judicial y financiero en contra de los sindicatos pone en riesgo derechos laborales fundamentales. La instrumentalización del Ministerio Público y la represión policial evidencian un intento sistemático de silenciar a los movimientos de resistencia.
Es claro que el pueblo panameño no se quedará de brazos cruzados. La lucha por la seguridad social y la justicia sigue en pie, y la presión social será clave para frenar las políticas de represión y saqueo del Estado. La movilización en las calles y el uso de las redes sociales para denunciar estos abusos se han convertido en herramientas esenciales en esta batalla por los derechos de los trabajadores y el futuro de la nación panameña.
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