El Guión de la Violencia: Cómo Bocas del Toro Expone las Heridas Coloniales de Panamá.

Parte 2, por Chevy Solis

En medio de un creciente descontento social, Panamá vive una de las crisis políticas y de derechos humanos más graves desde el fin de la dictadura militar en 1989. Bajo el gobierno de José Raúl Mulino —exministro de Seguridad (2009-2014) durante la administración de Ricardo Martinelli  y  hace un año electo presidente— se ha instaurado un régimen marcado por la represión de la protesta social, la militarización de territorios indígenas y afrodescendientes, y un preocupante retroceso en las garantías constitucionales.

La provincia de Bocas del Toro, históricamente excluida y con una mayoría de población indígena y afrodescendiente, se ha convertido en el epicentro de la resistencia popular frente a las reformas de la caja de seguro social. La respuesta del gobierno ha sido declarar un estado de excepción, suspendiendo derechos fundamentales como la libertad de reunión, movilización y expresión.

Este texto quiere abordar la situación actual en Panamá desde una perspectiva crítica, evidenciando cómo el autoritarismo emergente del gobierno panameño se sostiene en el racismo estructural, el silenciamiento institucional, la criminalización de quienes protestan y del poder de los estamentos de seguridad. El caso de Panamá no es una excepción latinoamericana: es parte de una tendencia regional que pone en riesgo los derechos humanos y la débil  democracia que presumimos en la región.

El pasado 24 de junio se han extendido por cinco días más de la suspensión de garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro, decretada por el gobierno de José Raúl Mulino, esta medida no solo refleja una preocupante incapacidad para el diálogo, sino que consagra la represión como estrategia oficial. Esta decisión, acompañada de un decreto que busca reemplazar a docentes en huelga, es síntoma de un proyecto autoritario que amenaza derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho al trabajo. Frente a esta escalada represiva, organismos responsables de la garantía de los derechos humanos —como la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional contra la Tortura— han optado por un silencio que raya en la complicidad, pese a las denuncias de detenciones arbitrarias y tratos degradantes que violan normas internacionales.

Racismo Estructural y Represión Selectiva

La militarización de Bocas del Toro no es una medida aislada ni una simple respuesta a la protesta social. Es la continuidad de un patrón histórico en el que el Estado panameño criminaliza a los pueblos afrodescendientes e indígenas. Las imágenes de personas detenidas, esposadas y sometidas a tratos inhumanos no son "excesos", sino una manifestación sistemática de violencia estatal comparable con los modelos autoritarios  de la región. 

Todo esto ocurre sin que la Defensoría del Pueblo ni el Mecanismo Nacional contra la Tortura emitan informes o denuncias. Su inacción ante las condiciones inhumanas en centros de detención —hacinamiento,  denuncias de tortura psicológica— los convierte en encubridores del Estado, violando el Protocolo de Estambul y la Convención contra la Tortura.

Datos preliminares señalan que la mayoría que estaba en las  protestas son afrodescendientes o indígenas. Esta sobrerrepresentación es evidencia del racismo estructural que permea las instituciones panameñas. Mientras tanto, el gobierno recibe con cortesía a lobbies empresariales y delegaciones vinculadas al expresidente Donald Trump, consolidando un doble estándar que criminaliza al pueblo que está en la calle  y protege a las élites económicas de siempre

Represión Educativa y el Cómplice Silencio de los Garantes

El decreto que permite reemplazar a docentes en huelga no es una medida técnica: es un ataque frontal al derecho a la organización sindical y al derecho a huelga. Viola la ley 47  general de educación y busca debilitar una de las resistencias sociales más consistentes del país: la del sector docente.La contratación de personal de forma exprés por parte del Ministerio de Educación es una muestra más de la negativa al diálogo, y devela la profunda incapacidad institucional, a lo largos de los años se ha tenido problemas para nombrar los educadores necesarios en cada año lectivo. 

El presidente Mulino parece seguir un guión ya conocido en la región:

• Criminalizar la protesta: El discurso oficial y los medios corporativos reproducen la narrativa de "pandilleros" y "saboteadores" para justificar la represión.

• Militarizar la vida cotidiana: El uso creciente de fuerzas de seguridad para contener demandas sociales normaliza la violencia estatal.

• Privatizar los conflictos: Ante la crisis, el gobierno opta por transferir responsabilidades públicas a actores privados: salud, educación y ahora la seguridad misma.

Pero el gobierno subestima algo crucial: Bocas del Toro no es una excepción, es un espejo del país. Un territorio con alta presencia afrodescendiente e indígena, donde más del 40% de la población afrodescendiente  vive en condiciones de pobreza (CEPAL, 2023). La represión no es más que la manifestación de un Estado represor,ante la vergonzosa desigualdad que se vive en el país. 

La coyuntura actual en el país exige una respuesta organizada y multidimensional:

• Acción jurídica internacional: Presentar y denunciar casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  por suspensión arbitraria de derechos como por ejemplo el derecho a la información. Exigir auditorías externas sobre posibles actos de tortura.

• Solidaridad transnacional: Activación de redes internacionales de derechos humanos.

• Organización popular: Es necesario que se articulen respuestas comunitarias desde el nivel de base, aún faltan cuatro largos años de políticas represivas que conculcan derechos humanos. Redes de apoyo legal, médico y psicosocial para las personas detenidas y la población que ha sido sometido a un uso despiadado de la fuerza como lo han sido la comunidad de Arimae en Darién,  Santiago de Veraguas y las comunidades de Bocas del Toro. 

• Alternativas comunicacionales: Utilizar medios independientes y comunitarios para romper el cerco mediático. Documentar, archivar y difundir cada acto de represión.

Panamá se encuentra ante una disyuntiva histórica: permitir que avance y se asiente el régimen  autoritario de Mulino o transformar esta crisis en una oportunidad que nos permite organizarnos  desde lo local para defender y proteger las libertades democráticas. La represión en Bocas del Toro no es un hecho aislado, sino una advertencia. Pero también es un llamado a la acción.

¡La lucha de Bocas del Toro es nuestra lucha! ¡Por la libertad de nuestros pueblos y la dignidad de nuestras comunidades!