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Política Migratoria 2024: Nueva presidencia panameña y sus implicaciones para la migración y la estabilidad regional


Hoy, José Raúl Mulino asumió la presidencia de Panamá, lo que marca el inicio de un mandato que tiene implicaciones significativas para la región, al incluir temas relacionados con los patrones migratorios y las relaciones internacionales. La comunidad internacional, en especial Estados Unidos, debe monitorear de cerca la administración de Mulino debido a sus planes para gestionar la inmigración y fortalecer la seguridad fronteriza. La propuesta de Mulino de firmar un acuerdo de entendimiento con EE.UU. para repatriar a los migrantes que cruzan la selva del Darién plantea serias preocupaciones sobre los derechos humanos. Este enfoque, reminiscente de las políticas de 'mano dura' de El Salvador, corre el riesgo de provocar violaciones a los derechos humanos, aumentar las tensiones regionales y exacerbar las causas fundamentales de la migración. Entender estos impactos potenciales es crucial para desarrollar estrategias de migración efectivas, humanas y cooperativas que respeten los derechos y la dignidad de todas las personas.


El propio Mulino ha enfatizado la dimensión internacional de este problema, afirmando: "Este es un problema de los Estados Unidos, no es de Panamá. La frontera Estados Unidos no es Texas, es Darién y deben tomar conciencia de que nos resulta incosteable."


Dos de las principales preocupaciones de AfroResistance sobre esta nueva administración:


Preocupaciones sobre Derechos Humanos en la Política de Inmigración: El plan de Mulino para cerrar la frontera entre Panamá y Colombia y repatriar a los migrantes plantea importantes preocupaciones de derechos humanos. Según sus declaraciones, Mulino firmó un acuerdo con Estados Unidos para gestionar la repatriación de migrantes que cruzan la selva del Darién. Este acuerdo implica la cooperación de EE.UU. en la verificación y supervisión del proceso de repatriación, asegurando el cumplimiento de los estándares de derechos humanos. El plan de Mulino incluye el despliegue de vuelos para devolver a los migrantes a sus países de origen, principalmente Colombia y Venezuela. Tales medidas, aunque destinadas a controlar la inmigración ilegal, podrían llevar a violaciones de derechos humanos. Las repatriaciones forzadas, especialmente de poblaciones vulnerables que soportan el peligroso viaje a través del Darién, corren el riesgo de pasar por alto las solicitudes de asilo y las necesidades de protección de estas personas. Asegurar que los procesos de repatriación cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y sean supervisados por organizaciones de derechos humanos creíbles es crucial para prevenir abusos y garantizar la seguridad y dignidad de los migrantes.


Impacto de Políticas de Mano Dura: La intención de Mulino de cooperar con EE.UU. en temas de inmigración y lucha contra el narcotráfico no debe socavar la soberanía de Panamá ni llevar a una influencia indebida de EE.UU. en la región. El acuerdo planificado para gestionar la repatriación de migrantes que cruzan la selva del Darién, junto con la postura de línea dura de Mulino sobre la seguridad fronteriza, tiene implicaciones regionales significativas. Este enfoque refleja las políticas de "mano dura" vistas en El Salvador, que buscaban combatir el crimen y controlar la migración mediante medidas estrictas.


En algunos países de Centroamérica, como El Salvador y Honduras, las políticas de "mano dura" llevaron a severas violaciones de derechos humanos y prisiones sobrepobladas, entre otros problemas y situaciones. Estas políticas no lograron abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza y la violencia. En cambio, contribuyeron a la proliferación de pandillas como MS-13 y Barrio 18, ya que la estricta aplicación de la ley y el encarcelamiento llevaron a la consolidación y expansión de las pandillas tanto dentro de los países de Centroamérica como en sus comunidades en el extranjero.


Los efectos en cadena incluyeron un aumento de la violencia y la inestabilidad, lo que llevó a más individuos y familias a huir de su país de origen. Esta migración a menudo resultó en separaciones familiares, tanto durante el viaje como a su llegada a países con políticas de inmigración estrictas, como Estados Unidos. En EE.UU., muchos migrantes enfrentaron detención y deportación, fracturando aún más a las familias y comunidades.


De manera similar, el enfoque de Mulino resultará en violaciones de derechos humanos y tensará las relaciones con los países vecinos. Las repatriaciones forzadas y los estrictos controles fronterizos podrían llevar a crisis humanitarias, ya que los migrantes a menudo huyen de condiciones terribles en sus países de origen. Esta política corre el riesgo de empujar a los migrantes a rutas más peligrosas, aumentando su vulnerabilidad.


Además, la solidaridad regional y la colaboración con países vecinos como Colombia son esenciales para abordar de manera efectiva los desafíos compartidos. En lugar de medidas punitivas, es crucial centrarse en el desarrollo sostenible, la inclusión social y la cooperación regional. La comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos para abordar las causas profundas de la migración, promover soluciones integrales que respeten los derechos humanos y la soberanía, y prevenir las consecuencias adversas observadas en la experiencia de El Salvador y Honduras con las políticas de "mano dura". Al hacerlo, Panamá puede gestionar mejor la migración mientras asegura la dignidad y los derechos de todas las personas involucradas.


Como organización comprometida con los derechos humanos y la justicia social, AfroResistance está profundamente preocupada por las posibles consecuencias para la región de las nuevas políticas del presidente Mulino. Su postura de línea dura sobre la inmigración y la seguridad fronteriza, junto con el acuerdo para repatriar a los migrantes con la asistencia de EE.UU., amenaza con socavar los derechos humanos y exacerbar la inestabilidad regional. Los paralelismos con las políticas de "mano dura" de El Salvador sirven como un claro recordatorio del potencial de aumento de la violencia, separaciones familiares y abusos de derechos humanos. Es imperativo que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, se mantenga vigilante y abogue por enfoques humanos, justos y cooperativos de la migración que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas.


AfroResistance está organizando una delegación a Panamá del 20 al 26 de octubre de 2024 para abordar de primera mano las implicaciones de las políticas migratorias del nuevo gobierno. Esta es una oportunidad crucial para observar, documentar y abogar por los derechos humanos de los migrantes afectados. Nuestros objetivos son fortalecer las alianzas transnacionales con las comunidades negras en Panamá, entender los cambios políticos recientes y sus impactos, abordar los problemas migratorios que afectan a las poblaciones afrodescendientes y explorar la intersección entre los derechos humanos y la justicia ecológica. Su participación es esencial para promover una respuesta internacional justa y humanitaria. Estaremos organizando una sesión informativa sobre la delegación el 16 de julio a las 7pm EST. ¡Regístrese hoy!




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