Cabellos en disputa: racismo institucional, biopoder y capilaridad del Estado.
- Mauri Balanta Jaramillo
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Por Mauri Balanta Jaramillo
En la última semana se ha reavivado un intenso debate regional sobre los criterios de clasificación y representación de personas afrodescendientes dentro de las instituciones. Desde un violento llamado de atención a una agente de policía en Colombia hasta la prohibición del ingreso a estudiantes en las escuelas de Panamá por el uso del cabello natural afro, de nuevo se pone en evidencia que la identidad afrodescendiente pasa de ser una expresión de pluralismo cultural a una subversión del orden racial que persiste en la administración de los dos Estados.
Se ha viralizado la detención de la jóven agente afrocolombiana Winy Saray Córdoba, luego de increpar a su superior por amonestarla tras exigirle que se “peinara”. En el video, su cabello se ve abundante pese a estar recogido en una coleta, lo cual ella intenta argumentar mientras recibe los gritos enfurecidos de su mayor blanco-mestizo por lo que considera una falta de respeto a los valores de la institución, asociados por él desde un paradigma estético disonante a la población que también está llamado a servir en el municipio de Quibdó (Chocó) y que es predominantemente afrodescendiente.
Un caso similar ocurrió en el Instituto Alfredo Cantón de Ciudad de Panamá, donde varios estudiantes y sus familiares protestaron cuando se les negó el ingreso por usar el cabello suelto o peinados étnicos, bajo un código de presentación personal que, paralelamente, normaliza las estéticas del estudiantado blanco-mestizo y acentúa las prácticas correctivas en el afrodescendiente. Sumando a la controversia, el presidente José Raúl Mulino se refirió al hecho responsabilizando a las familias por licenciar una apariencia “desarrapada” para ir a la escuela, así como la ministra de educación Lucy Molinar, quien siendo afrodescendiente, también aludió ciertos niveles donde el cabello afro deja de ser “saludable” para la convivencia escolar.
En ambos contextos, el cabello afro se presenta como un elemento transgresor de las nociones de orden y disciplina que sustentan la “buena” imagen de estas instituciones, según criterios biopolíticos (Mbembe, 2011) que refuerzan las jerarquías de poder legadas por la colonialidad. Entonces, el asunto deja de ser una simple apreciación estética, para revelar el racismo que ha moldeado la figura del Estado y la identidad nacional, donde la hipervigilancia y el ocultamiento de la negritud son parte de garantizar efectividad institucional. Las reacciones de la patrullera en Colombia y de los estudiantes de Panamá, son un reflejo de la sofocación que viven las personas negras dentro las instituciones, al ser constantemente rectificadas en sus subjetividades y modos de vida, mientras quienes detentan el privilegio racial pueden obviar la normatividad sin mayores consecuencias y reproducir el racismo como si no fuera considerado delito.
Estos episodios no son aislados a la reconfiguración del conservadurismo político a nivel global, donde los conceptos de nación y ciudadanía se inscriben en una gramática del poder asociado con la blanquitud, dejando solo la asimilación o la exclusión para la gente racializada. De este modo, la defensa radical del cabello afro y otros factores de vinculación étnico-racial como los acentos, gentilicios y costumbres que tensionan el rigor institucional, también son manifestación de la capilaridad social del Estado (Oszlak, 2011), que comprende los marcos de representación que han determinado el lugar de lo “negro” en la organización de las sociedades. La violencia agenciada desde la función pública toma forma de prohibiciones y sanciones “legítimas”, en la medida en que se desprenden de una institucionalidad sesgada racialmente y que re-actualiza las condiciones materiales y simbólicas para mantener la negritud en los márgenes de cualquier esfera social.
Lo que acontece en Colombia y Panamá contradice la misionalidad de cualquier institución erigida en los suelos de la democracia y la pluralidad. Por lo tanto, Afroresistance se une al enérgico rechazo de estos actos, demandando justicia y reparación para todas las víctimas de una institucionalidad que recurre constantemente al abuso del poder, para negar las contribuciones de las comunidades afrodescendientes a la histórica y el progreso de nuestros países en las Américas.
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