Eterna sed de justicia

-Tengo sed y no quiero morirme- fueron las últimas palabras de Sara Millerey González Borja a su madre en el hospital La María de Medellín, donde fue trasladada luego del brutal y muy viralizado crimen que la convirtió en el transfeminicidio número 24 de 2025 en Colombia. A un mes de su asesinato y sumando otras 6 víctimas mortales, vuelve a quedar en evidencia la constante violación a los derechos de las personas LGBTIQA+, sin que existan mayores garantías para la justicia y la reparación. Por el contrario, el mandato heteronormativo que ha moldeado los conceptos de democracia y ciudadanía en las sociedades modernas, hace que cualquier discurso sobre pluralidad o diversidad, sea superado con creces por formas de relacionamiento civil e institucional que continúan relegando existencias como las de Sarah a una expectativa de vida no mayor a los 35 años, debido a las prácticas más perversas de la moralidad patriarcal que se exacerba en corporalidades feminizadas, racializadas y emprobrecidas.

La transfobia suele ser tan ignorada en el debate público, que su escasa visibilidad depende más del horror de las agresiones y muertes violentas, que de los compromisos políticos para derribar las múltiples barreras que una persona Trans enfrenta en cualquier espacio social. Habrá que ver si toda la “conmoción” que ha generado el caso de Sara, conllevará a mejores garantías para la educación, el empleo y la salud, considerando que la discriminación dentro de estos sistemas es del 90% en toda la región, según el Centro de Documentación de la Situación Trans de América Latina y el Caribe (CEDOLSTAC). En materia legal, priman las obstrucciones para el acceso a la justicia y, en consecuencia, la reducción de crímenes por transfobia. De acuerdo a Transgender Europe, los más de 230 feminicidios registrados en América Latina desde octubre de 2023, determinan que Brasil, México y Colombia son los países más inseguros para experiencias de vida Trans. Frente a este último, Caribe Afirmativo informa que entre enero y abril de 2025 se han registrado 17 transfeminicidios, doblando su número durante este mismo periodo en 2024.

El giro político global al conservadurismo también aceita la maquinaria de explotación y muerte que cobró la vida de Sara. Para los ojos más ortodoxos, arrojarla indefensa a un río, escenifica aquellos rituales macabros de corrección y limpieza social que la violencia paramilitar instauró en gran parte de los territorios de Colombia y que se reavivan con la avanzada anti-derechos en cabeza de gobiernos como los de Trump, Milley y Bukele, por mencionar algunos. Cabe recordar cómo en el informe “Aniquilar la Diferencia” del Centro de Memoria Histórica, se reconstruyeron varias historias de personas Trans que destacaban por su liderazgo comunitario y cuyas vidas fueron arrebatadas sin que se les permitiera recibir un sepelio digno de sus familias.

El caso de Sara también revela la falta de interés de las organizaciones y movimientos sociales frente a la protección de los derechos de las personas Trans. De hecho, su participación sigue limitándose al cumplimiento de cuotas de inclusión para movilizar recursos públicos o de la filantropía, mientras que el liderazgo y la toma de decisiones se concentra en personas heterosexuales y cis-género, principalmente hombres. Según la National Black Justice Coalition (NBJC) las comunidades negras en Estados Unidos ubican temas como la salud, el gasto y el racismo como sus asuntos principales, mientras que los derechos LGBTIQA+ y los derechos Transgénero no son considerados prioridades. Mucho de esto tiene que ver con la idea de que estos temas son predominantes dentro de una agenda liberal blanca, donde el concepto de género es discordante con los valores africanos y el horizonte de la lucha negra.

Esto resulta problemático por el recrudecimiento de fenómenos como la violencia policial racista hacia las mujeres trans. ILEX Acción Jurídica expone que, en ciudades con mayoría poblacional afrodescendiente como Cali y Cartagena, hay una constante negación del derecho al espacio público, sobre todo en sectores céntricos donde las mujeres trans negras (en especial las trabajadoras sexuales) son el principal foco de criminalización y punibilidad.

Esto resulta problemático por el recrudecimiento de fenómenos como la violencia policial racista hacia las mujeres trans. ILEX Acción Jurídica expone que, en ciudades con mayoría poblacional afrodescendiente como Cali y Cartagena, hay una constante negación del derecho al espacio público, sobre todo en sectores céntricos donde las mujeres trans negras (en especial las trabajadoras sexuales) son el principal foco de criminalización y punibilidad.

Mauri Balanta Jaramillo