¿Seguridad para quién? Reflexiones sobre la Operación Cerrojo en Panamá.

Las imágenes difundidas durante la Operación Cerrojo en los centros penitenciarios de La Joya y La Joyita han sido presentadas como una demostración de fuerza y control por parte del Estado, después de la fuga de más de 150 privados de libertad. Hombres sentados en el suelo, semidesnudos, rodeados por agentes armados, forman parte de una puesta en escena que busca transmitir autoridad y enviar un mensaje de mano dura a la sociedad.

Las escenas recuerdan las estrategias de exhibición punitiva que se han popularizado en distintos países de la región y que han encontrado en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele una referencia visual y política ampliamente reproducida.

Sin embargo, detrás de estas imágenes existe otra realidad de la que poco se habla: la de las familias que sostienen cotidianamente la vida de las personas privadas de libertad y que, una vez más, han sido objeto de humillación, maltrato y abuso por parte de las autoridades.

En Panamá, como ocurre en gran parte de América Latina, son principalmente mujeres quienes cargan con la responsabilidad de acompañar a sus familiares privados de libertad. Son madres, abuelas, esposas, hermanas e hijas quienes madrugan para preparar alimentos, comprar agua, llevar medicinas, trasladarse largas distancias y asumir costos económicos y emocionales que el sistema penitenciario descarga sobre ellas. Sin embargo, lejos de ser reconocidas por esta labor de cuidado, son tratadas con sospecha permanente, sometidas a revisiones invasivas y expuestas a tratos que vulneran su dignidad.

Resulta preocupante escuchar los testimonios de mujeres que denuncian haber sido empujadas, maltratadas o impedidas de entregar artículos básicos para sus familiares. Mientras tanto, la discusión pública parece centrarse únicamente en los objetos decomisados y no en una pregunta fundamental: si las familias son sometidas a controles cada vez más estrictos, ¿cómo continúan ingresando armas, drogas y otros objetos prohibidos a recintos bajo responsabilidad del propio Estado?

Esta contradicción rara vez ocupa los titulares. Es más sencillo responsabilizar a las mujeres que llegan con una bolsa de comida o una botella de agua que cuestionar las redes de corrupción y las fallas estructurales que operan dentro del sistema penitenciario.

Desde una perspectiva de justicia racial, también debemos preguntarnos quiénes llenan los centros penitenciarios y quiénes aparecen en estas imágenes convertidos en símbolo del castigo. La población penitenciaria está compuesta mayoritariamente por personas provenientes de sectores empobrecidos, de barrios históricamente excluidos y, en muchos casos, de comunidades negras e indígenas. No es casualidad, los centros penitenciarios son también un reflejo de las profundas exclusión y desigualdades que atraviesan nuestra sociedad.

Lo que observamos hoy no es únicamente una política de seguridad. Estamos viendo la consolidación de un modelo que privilegia el espectáculo de la fuerza sobre la garantía de derechos. Un modelo que encuentra inspiración en experiencias regionales donde la exhibición pública de cuerpos castigados se convierte en una herramienta de legitimación política. Pero una democracia no puede medirse por la capacidad de humillar a quienes están bajo custodia del Estado ni por la violencia ejercida contra sus familias.

La seguridad es una responsabilidad pública. Combatir la criminalidad también lo es. Sin embargo, ninguna política de seguridad debería construirse a costa de la dignidad humana. Mucho menos sobre el cuerpo de mujeres que, en medio de la precariedad y el abandono institucional, continúan sosteniendo redes de cuidado que el propio Estado ha sido incapaz de garantizar. 

Cuando se normaliza el abuso policial contra las familias, cuando se justifica la humillación pública como forma de gobierno y cuando se castiga a quienes cuidan mientras se ignoran las causas estructurales de la violencia, lo que está en riesgo no es únicamente la situación de las personas privadas de libertad. Lo que está en juego es el tipo de sociedad que estamos construyendo y nuestra capacidad colectiva para defender los derechos humanos, la justicia y la dignidad de todas las personas.