Panamá: más privación de libertad, más hacinamiento y las mismas violencias

Desde Espacio de Encuentro de Mujeres y Afroresistencia expresamos nuestra profunda preocupación ante el crecimiento sostenido de la población privada de libertad y la consolidación de respuestas centradas en el castigo como principal estrategia de seguridad en Panamá.

Hasta abril de 2026, Panamá registró 24,831 personas privadas de libertad en un país de apenas 4.2 millones de habitantes. Esto equivale, aproximadamente, a 591 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de América Latina y del mundo. Ahora bien si utilizamos los datos de World Prison Brief Panamá tiene una tasa de 527 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes, (basado en una población nacional estimada de 4,68 millones a finales de febrero de 2026, según cifras de las Naciones Unidas), con esta tasa Panamá ocupa la posición número 7 a nivel mundial, superado sólo por El Salvador, Cuba, Turkmenistán, Estados Unidos, Samoa Americana y Guam.

Panamá se priva de libertad proporcionalmente a más personas que países como México, que tiene una tasa 192 por cada 100,000,  habitantes, febrero 2026, Colombia, 197 por cada 100,000, habitantes, abril 2026, Argentina, con 284 por cada 100,000 habitantes, 2024, Costa Rica, 345 por cada 100,000 habitantes, dato año 2023,  Guatemala 123 por cada 100,000 habitante dato del 2023  y Honduras 188 por cada 100,000 habitantes datio de 2023. En la región, solo experiencias extremas de expansión penitenciaria, como la de El Salvador, con 1,659 por cada 100,000 habitantes  este país presentan una tasa significativamente superior.

Un sistema penitenciario fracasado que incrementa la violencia

Lejos de ser un indicador de éxito, esta realidad debería encender todas las alarmas. No estamos ante un sistema penitenciario insuficiente, sino ante un modelo de seguridad profundamente dependiente de la privación de libertad como respuesta a problemas sociales complejos. Panamá se encuentra entre los países más punitivos del continente y del mundo, mientras persisten profundas desigualdades sociales, raciales y territoriales.

De las 24,831 personas privadas de libertad, 16,085 han sido condenadas y 8,742 permanecen procesadas sin condena superando con creces los seis meses que según la Ley pueden estar detenidas para investigación. Esto significa que más de una de cada tres personas privadas de libertad aún no ha recibido una sentencia firme. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre el debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a la justicia, como tampoco resarcimiento para las víctimas erosionando seriamente la legitimidad del sistema de justicia.

La situación es aún más alarmante cuando observamos los niveles de hacinamiento. El sistema penitenciario panameño tiene capacidad para aproximadamente 14,695 personas, pero alberga más de 24 mil, alcanzando una ocupación cercana al 167% de su capacidad instalada. En algunos centros penitenciarios la situación resulta escandalosa.

Los centros penitenciarios panameños enfrentan graves niveles de sobrepoblación. El centro penitenciario de Las Tablas, ubicado en la provincia de Los Santos, alberga más de cinco veces la población para la que fue diseñado, mientras que el de Santiago, en Veraguas, supera cuatro veces su capacidad. Varios otros centros penitenciarios del país también operan con niveles extremos de hacinamiento.

En junio de 2026, el Gobierno anunció una inversión de 392 millones de dólares para la construcción de tres nuevos centros penitenciarios, incluyendo un centro penitenciario  de máxima seguridad con capacidad para 2,000 personas privadas de libertad bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), además de nuevos complejos penitenciarios en Divisa y La Joya. Según las autoridades, estas obras buscan ampliar la capacidad del sistema y reducir el hacinamiento. Sin embargo, resulta preocupante que, frente al fracaso demostrado de la privación masiva de libertad, la principal respuesta continúe siendo construir más cárceles. Esta decisión confirma una política pública centrada en la expansión del castigo y el encierro antes que en la prevención de la violencia, la rehabilitación efectiva y la inversión social en las comunidades históricamente excluidas.

A esta crisis se suma una realidad que pocas veces forma parte del debate público. El Primer Censo Penitenciario que se realizó en el 2018 y publicado en 2019,  reveló que el 41% de la población privada de libertad se identifica como afrodescendiente y el 7% como indígena. Cuando el 48% de la población penitenciaria está compuesta por personas afrodescendientes e indígenas en un país donde estos grupos representan una proporción  mayor de la población total como es el caso de la población afrodescendiente y casi la mitad en el caso de la población indígena, no estamos solamente ante una crisis penitenciaria; estamos frente a una expresión del racismo estructural y desigualdades históricas que atraviesan la sociedad panameña.

“Justicia penitenciaria racializada y clasista”

Los centros penitenciarios  panameños tienen raza, clase y territorio. No es casual que quienes llenan los centros penitenciarios provengan mayoritariamente de comunidades atravesadas por la pobreza, la exclusión educativa, la precariedad laboral, el racismo estructural y el abandono estatal. La sobrerrepresentación de personas afrodescendientes e indígenas en los centros de detención  constituye una señal de alarma para cualquier sociedad que aspire a la igualdad y a la justicia. El problema no es quién comete delitos sino, quiénes son más susceptibles a ser sometidos a procesos de exclusión, criminalización y castigo.

Lo más revelador es que esta expansión del sistema penitenciario no ha significado una reducción proporcional de las violencias que afectan al país. Entre enero y abril de 2026 se registraron 6,237 denuncias de violencia doméstica, un aumento del 17.6% respecto al mismo período del año anterior. En esos mismos meses se contabilizaron 1,006 denuncias por violación, lo que equivale a más de ocho violaciones denunciadas cada día. En lo que va de  junio del 2026 se habían registrado 260 homicidios. A ello se suma un dato particularmente alarmante para las mujeres: los femicidios aumentaron un 57% durante los primeros meses del año y las tentativas de femicidio también registraron incrementos significativos. Panamá priva de libertad a su población como una de las naciones más punitivas del planeta, pero continúa fracasando en la prevención de las violencias que más afectan a mujeres, niñas, adolescentes y comunidades históricamente excluidas.

Esto obliga a preguntarnos si la política de seguridad está orientada a prevenir la violencia o simplemente a administrar sus consecuencias mediante el castigo, estigmatización y el encierro. Nos podemos seguir  preguntando si el problema es la falta de castigo o el fracaso de un modelo incapaz de enfrentar las raíces de la desigualdad, el racismo, la exclusión social y la ausencia de oportunidades.

En los centros penitenciarios hacinados tienen poco éxito en materia de rehabilitación. Por el contrario, terminan convirtiéndose en espacios donde se profundizan las violencias, se deterioran las condiciones de vida y se fortalecen dinámicas de exclusión. Lejos de constituir espacios efectivos de reinserción social, muchas veces operan como verdaderas escuelas del delito, en un sistema incapaz de garantizar condiciones dignas, acceso a la educación, salud, formación laboral y acompañamiento integral  efectivo.

COIBA: El cruel retorno al aislamiento total

Reactivar el traslado de personas privadas de libertad a la isla de Coiba es una expresión del fracaso del sistema penitenciario. Panamá conoce bien la historia de los centros penales insulares y las graves vulneraciones de derechos humanos asociadas a estos modelos de castigo. Tanto Coiba como Isla  Coco representan formas de aislamiento ampliamente cuestionadas por los estándares internacionales de derechos humanos. El aislamiento geográfico dificulta el acceso a la defensa legal, limita el contacto familiar, restringe la supervisión independiente de las condiciones de detención y profundiza la exclusión de quienes se encuentran bajo custodia estatal.

Una persona privada de libertad pierde temporalmente su libertad dentro y fuera del país, pero no pierde su condición humana ni la titularidad de sus derechos humanos fundamentales. El Estado tiene la obligación de garantizar su integridad física y psicológica, el acceso a la salud, la educación, la comunicación con sus familiares y condiciones compatibles con la dignidad humana. La privación de libertad no puede convertirse en una forma adicional de castigo ni en un mecanismo de deshumanización. Menos aún encontrar la muerte cuando se está bajo la custodia del Estado, como ha pasado en estos últimos días. 

A nuestro juicio, estas decisiones son ilegítimas porque, en vez de impulsar políticas integrales de prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción social, perpetúan modelos de seguridad basados en la exhibición pública del castigo, la humillación de las personas privadas de libertad y la espectacularización del encierro. Las imágenes de hombres semidesnudos, sentados en el suelo y expuestos públicamente como símbolo de autoridad y poder no reflejan fortaleza institucional; reflejan una visión de la seguridad centrada en el control, la progesterona, la fuerza y el castigo antes que en la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Resulta inaceptable que, frente a niveles vergonzosos de desigualdad social, exclusión territorial y racismo estructural, la principal respuesta del Estado continúe siendo el endurecimiento de las políticas penales. La prevención del delito requiere una intervención integral y sostenida en las comunidades históricamente excluidas mediante educación de calidad, empleo digno, vivienda de calidad, salud mental, cultura, deporte, fortalecimiento comunitario, protección integral de la niñez y la adolescencia, y políticas decididas para erradicar el racismo y la discriminación.

Desde Espacio de Encuentro de Mujeres y Afroresistencia demandamos al Estado panameño abandonar la lógica de que más privación de libertad equivale a más seguridad y avanzar hacia políticas públicas centradas en la prevención, la justicia social, la justicia racial y la garantía efectiva de los derechos humanos.

Convocamos a las organizaciones sociales, movimientos feministas, organizaciones afrodescendientes, pueblos indígenas, familiares de personas privadas de libertad y defensoras y defensores de derechos humanos, a abrir un debate no solo nacional sino regional sobre el modelo de seguridad que impera en nuestra región.  Desde Afroresitencia ponemos a disposición este espacio para realizar  ese llamado a través de nuestras Llamadas Regionales  que realizamos cada mes,  de manera de generar un espacio que nos permita analizar de manera crítica  la realidad en otras latitudes del continente. 

No podemos seguir normalizando que los centros penitenciarios están hacinados, miles de personas sin condena, la sobrerrepresentación de poblaciones afrodescendientes e indígenas privadas de libertad  y el retorno a prácticas de aislamiento penitenciario que la historia y los estándares internacionales han demostrado incompatibles con una visión democrática de los derechos humanos.

No habrá seguridad mientras la pobreza se castigue, el racismo se ignore y la exclusión siga llenando los centros penitenciarios del país. La privación masiva de libertad no corrige las desigualdades; las administra y las reproduce.