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CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ - Fecha 1ero de Noviembre, 2023.
El gobierno panameño aprobó un contrato con Minera Panamá, filial de la empresa transnacional First Quantum Minerals, con los mismos vicios de inconstitucionalidad del contrato que fuera aprobado en 1997. Tal hecho enardeció a toda la sociedad, y ha movilizado la indignación pública por todo Panamá. Varios sectores, especialmente aquellos de las comunidades negras cercanas a la región minera de la provincia de Colón, se han unido a esta lucha. La población panameña está protestando en las calles debido a su desacuerdo con el extractivismo minero y la forma antidemocrática y represiva como procedieron a aprobar este contrato con Minera Panamá. Esta mina a cielo abierto es la más grande de Centroamérica y una de las más grandes de Latinoamérica, se encuentra en el Distrito de Donoso de la provincia de Colón, que cuenta con la mayor población negra en el país.
La indignación pública se centra en la reciente aprobación acelerada del contrato con Minera Panamá, una decisión tomada a espaldas de la voluntad del pueblo panameño. Esta aprobación permite que Minera Panamá continúe extrayendo cobre, oro, molibdeno y otros minerales por más de 20 años, prorrogables, en medio del Corredor Biológico Mesoamericano.
Los manifestantes argumentan que las operaciones mineras han causado una significativa degradación ambiental, el desplazamiento de las comunidades locales y una disminución en la calidad de vida de los residentes. Estos impactos sociales están intrínsecamente vinculados a la historia de la minería en el país, que ha afectado desproporcionadamente a las comunidades negras a través del desplazamiento y la marginación, profundizando así las desigualdades que se viven en el sexto país más desigual del mundo.
En Panamá hay quince contratos aprobados para la explotación, exploración y beneficio de la minería metálica a cielo abierto. De estos quince contratos, la mina de cobre Minera Panamá, propiedad de First Quantum Minerals, es la que está explotando los recursos minerales y generando beneficios al de hoy.. Para el año 2022, reportaron dos mil 259 millones de dólares, de los cuales pagaron el 2% en concepto de regalía, es decir, 57 millones de dólares. Sin embargo, esta operación a gran escala se ha convertido hoy en un punto focal de agitación pública.
Las organizaciones de sociedad civil argumentan que dichas decisiones se han tomado sin suficiente consulta pública, violando el Acuerdo de Escazú que es Ley de la República y justamente favorece la participación ciudadana. La población se ha movilizado por su conciencia de los impactos sociales y ambientales de la minería. Especialmente en las comunidades negras de la rica biodiversidad de la región de Colón. La experiencia minera en el país implica el desplazamiento y la marginación, mayor empobrecimiento de las comunidades, abusos hacia las mujeres por la presencia de personas ajenas a las comunidades, cambios en la producción agrícola por la frontera que impone la minería.
Hoy en las calles se exige y demanda:
Garantizar el derecho a la protesta con seguridad y que los estamentos policiales detengan el abuso y el uso de la fuerza contra los/as manifestantes.
Que Diputados y Diputadas del país que se pongan la camiseta de Panamá, que abandonen el servilismo minero que llevan dentro, y que tengan un mínimo de amor por la tierra que los vio nacer, que no empeñen el futuro de este país.
Exige a la Corte Suprema de Justicia que asuma su rol y que, con prontitud, devuelva la paz social al país declarando inconstitucional el contrato Ley 406, que fue aprobado de manera irresponsable por la Asamblea de Diputados y firmado por el Presidente de la República en menos de 72 horas.
Demanda una Ley de moratoria minera retroactiva indefinida que detenga todas las solicitudes que hasta ahora se encuentren en espera de aprobación, de prórrogas o cualquier permiso para la explotación minera en Panamá.
Respetar los convenios y tratados internacionales que el país ha firmado en materia ambiental y protección de los defensores y defensoras ambientales de nuestro del país.
Exige a los tres órganos del Estado que respeten la voluntad popular, que ha dejado claro que Panamá Vale Más Sin Minería y que no es un pueblo con vocación de colonia.
Para obtener más información, comuníquese con:
Chevy Solis Directora del Instituto de Derechos Humanos chevy@afroresistance.org
Marcia Olivo Directora de Programa marcia@afroresistance.org