¿Ministerio de la Mujer sí o no? Una pregunta que nos hace perder el bosque por mirar el árbol

El anuncio del presidente sobre la posible eliminación del Ministerio de la Mujer en Panamá ha provocado diversas reacciones en pocos días. Distintas voces se han manifestado, presentando opiniones y estrategias variadas. Para obtener resultados, es fundamental que las mujeres prioricemos la sensatez política y nos pongamos de acuerdo, evitando que los intereses partidistas predominen y perjudiquen nuestros avances.

Para nadie es un secreto que el Ministerio de la Mujer nació chueco. Comencemos a hacer autocríticas desde la honestidad feminista. Como sabemos fue creado el 8 de marzo de 2023, en plena antesala de la contienda electoral.

Una historia de promesas incumplidas y diseño defectuoso

Pero esta no es la primera vez que Panamá promete institucionalidad de género y la sabotea desde su gestación. La historia del mecanismo nacional para las mujeres en Panamá es un catálogo de buenas intenciones convertidas en fracasos estructurales. Desde 1997, cuando se creó la Dirección Nacional de la Mujer bajo el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, hasta el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) en 2008, cada transición prometía mayor autonomía y recursos, pero entregaba más burocracia y menos poder real.

El INAMU, que debía ser el antecedente sólido del Ministerio, funcionó durante una década con presupuestos miserables, personal insuficiente y mandatos contradictorios. ¿Cómo podía combatir la violencia machista una institución que no tenía recursos para abrir refugios? ¿Cómo iba a promover la participación política de las mujeres un instituto que ni siquiera tenía presencia territorial?

Esta es la trampa histórica que enfrentan los mecanismos de género en América Latina: los gobiernos los crean para simular compromiso, pero los diseñan para fracasar. Les asignan responsabilidades enormes —erradicar la violencia, cerrar brechas salariales, transformar patrones culturales— pero les niegan las herramientas básicas: presupuesto suficiente, rango ministerial real, capacidad de coordinación intersectorial y, sobre todo, voluntad política genuina.

Lo que vemos en Panamá no es excepcional. Desde México hasta Argentina, los ministerios y institutos de la mujer enfrentan las mismas barreras estructurales que los condenan al fracaso:

• Primero, el financiamiento como castigo. Los presupuestos para políticas de género son siempre los primeros en recortarse y los últimos en incrementarse. Mientras los ministerios de defensa y seguridad reciben miles de millones, los mecanismos de género sobreviven con migajas. En Panamá, el presupuesto del Ministerio de la Mujer representa menos del 0.1% del presupuesto nacional. ¿Cómo transformar estructuras patriarcales milenarias sin un verdadero presupuesto?

• Segundo, la trampa del rango sin poder. Crear un ministerio suena importante, pero si no tiene capacidad de coordinación real con otros ministerios, si sus decisiones pueden ser vetadas por el Ministerio de Economía, si no participa en las decisiones presupuestarias centrales, entonces es solo un título pomposo para administrar programas marginales.

• Tercero, el personal como botín político. Los cargos directivos de estos ministerios se convierten en moneda de cambio electoral. Se nombran militantes partidarias sin formación feminista, tecnócratas sin compromiso político o, peor aún, mujeres conservadoras que ven el género como "ayuda social" para pobres. El resultado: instituciones dirigidas por quienes no comprenden —o desprecian— su mandato transformador.

• Cuarto, la fragmentación como estrategia de debilitamiento. En lugar de crear instituciones integrales, los gobiernos fragmentan las políticas de género en múltiples dependencias: un instituto para la violencia, otro para la participación política, programas dispersos en diferentes ministerios. Esta fragmentación no es accidental: es una estrategia para impedir que se articule una visión integral de transformación.

  
  

El Mecanismo entre la demanda de las mujeres y el poder real

¿Acaso bastaron dos periodos como Instituto Nacional de la Mujer para dar el salto hacia un Ministerio? ¿O fue más bien una jugada política simbólica que respondía más a las necesidades del momento electoral que a una verdadera voluntad de transformación? El propio Ministerio inicia debilitado porque las últimas dos directoras del INAMU tenían designaciones temporales, con directoras más políticas que técnicas, y con poca claridad estratégica sobre su rumbo.

Así llegó el tan anhelado Ministerio, mecanismo esperado por muchas mujeres, pero sin estructura sólida ni poder real. Queremos una institución fuerte, sólida, transformadora con la indispensable participación ciudadana en su gestión, auditorías a su desempeño con el concurso de las mujeres. Pero el presidente Mulino ha dicho que no va. Entonces, frente a esa negativa ¿qué hacer? ¿Seguir pulseando con un presidente que sabemos quién es y cómo actúa, o ser estratégicas y analizar qué se puede conseguir en medio de esta coyuntura sin perder la brújula política?

El presidente actual no es un actor neutro. Ha declarado públicamente que su gobierno es "de empresarios y del sector privado", que quiere "aprender de Javier Milei" y, eliminar Ministerios es achicar el Estado (la estructura del gobierno). Para Afroresistencia, se trata más de coherencia con un modelo que transpira clasismo, racismo y sexismo, que desprecia a la clase trabajadora y criminaliza al movimiento social. Un presidente que, cuando toma una decisión, no da marcha atrás; convirtiéndola en un acto político coherente con un proyecto de poder neoliberal, patriarcal y autoritario.

En un contexto internacional de avance fundamentalista y 'batallas culturales' que buscan erosionar derechos, y en un escenario nacional de retroceso democrático —donde la protesta se criminaliza y lo público se desmonta—, discutir el Ministerio de la Mujer como un tema aislado es caer en la trampa. Perder este marco no es un error ingenuo: es un salto al vacío que condena a las políticas de género y los derechos de las mujeres al despeñadero.

Los contenidos sustanciales por los que luchar

Desde los feminismos críticos latinoamericanos, esta coyuntura exige más que resistencia: demanda una revisión profunda. Como advierte Rita Segato, el género no es sólo identidad, sino tecnología de poder al servicio de un orden colonial y capitalista. Si el Ministerio de la Mujer reduce el 'género' a un discurso cosificado —sin desmontar el racismo institucional, la explotación de clase ni la violencia estructural—, entonces su existencia se limita a administrar lo tolerable: programas paliativos que no alteran la vida concreta de las mujeres racializadas, empobrecidas o territorizalizadas.

Por eso carece de respaldo social. No es casualidad: cuando un ministerio nace para simular inclusión mientras blinda al Estado patriarcal, su crisis no es financiera, sino política. ¿Cómo habitar —o subvertir— una institución que fue diseñada para fracasar?

Sonia Correa nos alerta: el género ha sido secuestrado por el conservadurismo y neutralizado por la burocracia estatal, convertido en un significante vacío que nada cuestiona. Y aquí la pregunta radical de Ochy Curiel desde el afrofeminismo decolonial: ¿qué sujeto político nombra esa "mujer" que invoca el Ministerio?

Cuando en sus políticas no caben las lesbianas, las mujeres trans, las negras racializadas, las indígenas en resistencia, las empobrecidas que sostienen la vida en los mercados informales, las migrantes precarizadas o las privadas de libertad por un Estado punitivista... entonces no es un Ministerio de las Mujeres: es un aparato más del poder patriarcal, blanco y neoliberal que administra nuestra exclusión mientras simula representarnos.

Este no es un problema de 'inclusión'. Es la evidencia de que no se puede desmontar el patriarcado con las herramientas del Estado burgués-colonial.

Y no podemos ignorar lo más obsceno: el silencio cómplice de la actual dirección del Ministerio. Un silencio que no es neutral - es violencia política institucionalizada.

¿Cómo explicar que quien debe encarnar la defensa de las mujeres se vuelva muda, precisamente, cuando el gobierno decide su desaparición? Es la trampa perfecta: esperan que seamos nosotras - las de siempre - quienes pongamos el cuerpo y la voz para defender una institución que ni siquiera alza la palabra cuando reprimen a maestras, arrastran a mujeres indígenas o golpean a jóvenes universitarias.

¿Defender qué exactamente? ¿Una sigla vacía? ¿Un edificio que calla cuando disparan contra nuestras hermanas? No nos confundan: nuestra lucha no es por mantener ficciones institucionales, sino por la vida concreta de las mujeres que este Ministerio abandonó.

El debate no es si el Ministerio debe existir o no. La pregunta que quema es: ¿Qué herramientas institucionales —o contra-institucionales— necesitamos para enfrentar con radicalidad el entramado que hoy vulnera las libertades ciudadanas en Panamá?

No hablamos de reformar lo existente, sino de imaginar otra institucionalidad: una que no reproduzca el poder colonial del Estado, que no reduzca el feminismo a políticas focalizadas para las pobres, que no dialogue mientras las mujeres racializadas siguen pariendo en los suelos de las salas de espera.

Reducir el debate sobre el Ministerio de la Mujer a una cuestión administrativa o de 'eficiencia fiscal' no es ingenuo: es un acto de sabotaje político. Transformar una disputa estructural —la lucha contra el patriarcado neoliberal y su Estado cómplice— en una mera discusión sobre gastos operativos, es una trampa para despolitizar nuestra rabia.

No defenderemos siglas huecas mientras el desmonte avanza. No negociaremos con quienes miden en balances contables lo que para nosotras es una cuestión de supervivencia. Hoy la disyuntiva es clara: o nos aferramos a cascarones institucionales que ya nos traicionaron, o construimos poder feminista desde los territorios, las calles y los cuerpos que resisten.